El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado que la institución provincial asumirá los costes de la Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de que los vecinos de las comarcas de Ronda y Antequera no tengan que desplazarse a Málaga para hacer los exámenes de conducir.

La DGT había exigido a los ayuntamientos que habiliten aulas para la realización de los exámenes teóricos de conducir, de modo que deben ser los consistorios quienes adecuen los espacios; adquieran, instalen y mantengan los equipos informáticos, y se hagan cargo de la seguridad de las instalaciones y los sistemas. Sin embargo, será finalmente la Diputación de Málaga quien correrá con los gastos de este servicio.

“Hemos tomado esta decisión, atendiendo la solicitud de los alcaldes, para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior”, ha señalado el presidente, quien ha añadido que “una vez más hemos tenido que asumir obligaciones que corresponden al Gobierno central para evitar otro duro golpe a los ayuntamientos y a los vecinos”. Además, Salado ha insistido en que este tipo de decisiones por parte de la DGT van en contra de la lucha contra la despoblación en los municipios del interior.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, también ha denunciado la “imposición” por parte del Gobierno. “Las administraciones se hablan con lealtad y negocian acuerdos beneficiosos para los ciudadanos, y este no ha sido el caso”, ha lamentado. Fernández ha añadido que a Ronda también llegan personas de otros pueblos de la comarca e incluso de la provincia de Cádiz, por lo que “no sería justo que todo esto lo pagaran los rondeños”.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha subrayado que esta solución no debe ocultar el problema de fondo y ha criticado la posición del PSOE al pedir el esfuerzo a la Diputación, en lugar de exigir al Gobierno central que cumpla con su obligación. Asimismo, ha declarado que el Gobierno ha dejado sin ejecutar cerca de 60.000 millones de euros en fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la digitalización de las administraciones públicas, «eje de esta implantación».

Desde la firma de los convenios con la DGT, que tendrá lugar próximamente, los ayuntamientos cuentan con un plazo de un año para adecuar las aulas y completar el proceso, que debe estar listo a lo largo del año 2026.