La Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía han presentado el plan “Cajeros Automáticos para los Pueblos”. Con esta iniciativa se promoverá y financiará la instalación de cajeros automáticos en municipios que no cuenten con entidad bancaria.
El plan cuenta con dos medidas principales para hacerlo posible: la firma de un protocolo entre las instituciones participantes y la creación de una línea de subvenciones para los municipios.
Así, el protocolo deberá ser aprobado por la Diputación de Málaga, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el resto de diputaciones provinciales andaluzas y las entidades financieras que tengan interés. Con esto se busca asegurar una provisión adecuada de los servicios financieros.
Las subvenciones serán para la convocatoria de 2024 y estarán destinadas a los gastos de instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los cajeros automáticos. Para su financiación, la Junta de Andalucía aportará la mitad de los 300.000 euros como cuantía anual. El otro 50% será aportado por las diputaciones provinciales.
Los municipios deberán demandar su inclusión en este proyecto, que tiene como objetivo combatir la exclusión financiera y bancaria y también luchar contra la despoblación de estos pueblos. En la provincia de Málaga se prevé que esta iniciativa beneficie a casi 45.000 ciudadanos de 27 municipios.
Además, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recordado que la institución ya ha trabajado en este sentido, gracias a un acuerdo con Unicaja Banco para impulsar la instalación de cajeros en algunos pueblos pequeños de la Serranía de Ronda y de la Axarquía.
De momento, la Diputación ha concedido ayudas por un importe global de 116.427,15 euros a los ayuntamientos de Algatocín, Arenas, Benalauría, Canillas de Albaida, Cútar, Jimera de Líbar, Júzcar y Serrato para que puedan llevar a cabo obras de adecuación de espacios para la instalación de cajeros automáticos.
Por su lado, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha incidido en que “el progresivo cierre de oficinas de entidades financieras en muchas localidades priva a parte de la población, sobre todo a las personas de mayor edad, de la posibilidad del acceso a los servicios bancarios más esenciales.
