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Alcaldía reconoce y procede a subsanar un error en la normativa urbanística

Hace unos meses el ayuntamiento confirmaba la recepción de más de una veintena de proyectos para instalar mega parques en nuestro término municipal. // Freepik

Se trata de una desprotección que detectó la Asociación Salvemos Campos y Montes cuando redactaba alegaciones contra proyectos fotovoltaicos

María José García

A través de un decreto, la Alcaldía ha dado la razón a la Asociación Salvemos Campos y Montes de la Serranía de Ronda, cuando trasladaron al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda un posible “error por omisión” en la normativa urbanística, tras obviar, en 2005, un apartado en el que se especificaba que, en los terrenos de especial protección, la ocupación de la parcela no debía superar el 2% de la misma.

Un escollo que habría permitido dar luz verde a la compatibilidad medioambiental de proyectos, como los promovidos por CEPSA y Vaguadas Renovables, para la implantación de mega plantas fotovoltaicas en el entorno del yacimiento arqueológico de Acinipo, según denunciaban en este medio a finales de febrero miembros del colectivo.

En dicho escrito firmado por la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, se admite el error, y aprueba subsanarlo y publicar el texto original, del PGOU de 1994 en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

“Esto implicaría que aquellos informes de compatibilidad para que se atravesaran aquellos territorios, quizá podrían no ser compatibles. Deberían de volver a estudiarse. Entramos ahí en un conflicto de intereses entre las empresas que pensaban que la ley era como figuraba en el cambio del PGOU en 2005 respecto de los años 90, resulta que finalmente, el límite es del 2% y eso cambia las posibilidades de implantación”, recuerda desde la Plataforma de Afectados por los Proyectos Fotovoltaicos su portavoz, Eduardo Sánchez.

Según asevera el propio Sánchez, únicamente los soportes que ambas empresas preveían implantar en dichos terrenos de especial protección ya ocupan un 5%, lo que podría conducir a las mismas a iniciar, en sus palabras, “una demanda de reclamaciones patrimoniales porque han invertido tiempo, dinero en unos proyectos ante una ley que presuntamente les permitía hacer esto pero que estaba errada”.

No obstante, los colectivos involucrados en la presentación de alegaciones para frenar la implantación de proyectos que podrían acarrear un grave impacto visual y paisajístico, han mostrado su satisfacción por la pronta respuesta del Consistorio al escrito presentado por Salvemos Campos y Montes.

“Estamos muy contentos con el equipo de gobierno por su pronta modificación, ha sido una reacción extraordinaria y eso indica que, efectivamente, están por la protección del territorio como habían dicho reiteradamente en el pleno extraordinario”, ha agregado Sánchez tras el decreto hecho público en torno a este asunto.

Finalmente, el portavoz critica que el plazo para presentar alegaciones contra proyectos que requieren de una amplia documentación y asesoramiento jurídico se hayan limitado, en la mayoría de los casos, a 30 días.

“Contrarrestar eso implicaba tener estudios sostenidos en el tiempo, poder contratar empresas de impacto medioambiental, biólogos, geólogos, … En 30 días es muy difícil. Nos tememos que la valoración medioambiental, a pesar de que se hayan presentado alegaciones por particulares y ayuntamientos, tenga luz verde por parte de los órganos sustantivos que se encuentran en Málaga. Y nos tememos las consecuencias socio-económicas”, ha vaticinado.