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Los sindicatos municipales desmienten las declaraciones de Fernández en el último pleno

Los sindicatos explican que la creación de una plaza de vicesecretario impedirá la creación de otros puestos relevantes a corto o medio plazo. // Pedro Chito

La alcaldesa sostuvo que los representantes defendían "intereses personales" cuando estos rechazaron la creación de una plaza de vicesecretario por 83.000€ al año

María José García

Los representantes de los sindicatos municipales, -Junta de Personal, Comité de Empresa y Secciones Sindicales de SITAR, CCOO, UGT, CSIF y UPLB del Ayuntamiento de Ronda- han emitido un comunicado en el que desmienten las declaraciones de la alcaldesa, María de la Paz Fernández, realizadas en la última sesión plenaria del pasado miércoles.

El escrito arremete contra la regidora por haber acusado a los representantes de los trabajadores municipales de defender “intereses personales y particulares y no los comunes y generales de los empleados públicos del Ayuntamiento de Ronda”. 

Algo que los sindicatos califican de “burda excusa”. Recuerdan que para cubrir este tipo de puestos es necesario acceder mediante “Concurso Ordinario y convocatoria especifica a nivel nacional y autonómico, por ser puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación con carácter nacional y en ningún caso pueden presentarse funcionarios que no ostenten dicha habilitación”.

Los empleados municipales alegan que cumplían su labor cuando presentaron alegaciones, para mostrar su oposición, a la eliminación de dos plazas de la plantilla, para crear una plaza de vicesecretario, valorada en 83.000 euros anuales.

En el documento los representantes argumentan que la supresión de dos puestos de funcionarios propios de Administración Local, uno de Técnico y otro de Administrativo, “dificulta o imposibilita, a corto y medio plazo, la creación de otras plazas más necesarias”, y mencionan entre otros, puestos para Policía Local, Brigadas Operativas de Obras, Jardines y Electricidad, que a su juicio, “serían más justificados y necesarios”.

La modificación en la Relación de Puestos de Trabajo ha sido tachada de innecesaria e improvisada por los representantes, que a su vez han destacado que supone un elevado coste económico para las arcas municipales de una localidad que apenas supera los 35.000 habitantes, y que además cuenta con un servicio de Asesoría Jurídica externa.

Como conclusión, los representantes sindicales advierten de la irresponsabilidad de la decisión adoptada, que consideran perjudicial para el interés general, y al mismo tiempo “va en detrimento del resto de los empleados públicos y del servicio público que éstos prestan, al coartar la posibilidad, a corto y medio plazo, de poder crear otros puestos de trabajo”.