La Policía Nacional ha tramitado, en el ámbito de la Ley de Extranjería, seis expedientes administrativos sancionadores contra el arrendatario de una vivienda en Ronda, quien supuestamente habría autorizado el empadronamiento fraudulento de media docena de ciudadanos extranjeros, los cuales nunca llegaron a vivir en el domicilio del sospechoso.

Se da la circunstancia que los inmigrantes se encontraban en situación irregular en el momento de realizarse los trámites en el padrón municipal, siendo el fin de la trama, según las pesquisas, la regularización de su situación en el país.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Grupo Local de Extranjería de la Comisaría de Ronda, se inició a raíz de una información procedente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en la Comisaría de Córdoba, al detectarse cómo súbditos de Marruecos presentaban un mismo lugar de empadronamiento en sus trámites de documentación, repitiéndose idéntico domicilio –situado en Ronda- en todos los casos.

Las sospechas iniciales acerca de un posible fraude llevaron a los agentes a realizar las averiguaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. De este modo se analizó la documentación obtenida del padrón municipal y también se efectuaron incursiones discretas en el entorno del domicilio con contactos vecinales, entre otras diligencias.

Fruto de las gestiones se pudo comprobar que en la vivienda utilizada para los empadronamientos fraudulentos no habrían convivido los extranjeros que rezaban como empadronados en el inmueble, no llegando nunca a residir en el domicilio en cuestión.

Las indagaciones preveían que los empadronamientos serían aportados más adelante, juntos con otros requisitos, en solicitudes de autorización de residencia.

La actual Ley de Extranjería contempla, entre otras, la infracción grave para toda aquella persona, propietaria o inquilina de un inmueble, que hubiese autorizado o consentido el empadronamiento de una persona en su domicilio sin que éste sea su domicilio real, pudiendo incurrir en un “empadronamiento en fraude de ley”, y conllevando, previa instrucción de expediente administrativo, una sanción económica que oscilaría entre 501 y 10.000 euros, por cada persona indebidamente inscrita -siempre y cuando los hechos no constituyan infracción penal-.

La investigación discurrió por el ámbito administrativo, instruyéndose seis expedientes administrativos sancionadores de multa contra el inquilino del inmueble.