Las dos últimas alcaldesas de Ronda, Teresa Valdenebro y María de la Paz Fernández, tendrán finalmente que sentarse en el banquillo por su implicación en el denominado caso Soliarsa, que analiza la gestión en la empresa municipal de limpieza entre 2018 y 2020. La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por ambas contra el auto que puso fin a la fase de instrucción. En esa resolución, el tribunal consideró que existían indicios suficientes para que los hechos fueran analizados durante la vista oral.

Fernández señaló ayer que «el fiscal nos acusa no de apropiarnos de dinero, sino de pagar a los trabajadores la bolsa de Navidad, que viene recogida en su convenio y los incrementos salariales», expresando que su sensación en estos momentos es de «total tranquilidad».

Pese a ello, la alcaldesa califica la situación como «muy injusta». «Me piden 100.000 euros de fianza y años de cárcel por una decisión de 2018, cuando yo no era alcaldesa, ni presidenta del consejo de administración de SOLIARSA. No tengo nada que ver».

Con las próximas elecciones municipales en el horizonte, en menos de un año, María de la Paz Fernández ha añadido que «es un camino doloroso desde el punto de vista personal y político». Asimismo, ha reiterado que cuenta «con el aval del Tribunal de Cuentas, que ya dictó sentencia diciendo que no había ninguna ilegalidad en las auditorías que se realizaron respecto a este asunto», por lo que sostiene que «el fiscal ha tomado una decisión injusta para llevarnos a juicio».

La resolución judicial, que ya es firme y no admite recurso, acuerda además la imposición de fianzas que, en conjunto, superan los 340.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento. Según el auto, a María de la Paz Fernández se le exige una fianza cercana a los 135.000 euros, mientras que para Teresa Valdenebro se fija una cantidad próxima a los 35.000 euros.

En el caso SOLIARSA también están acusados tres trabajadores de la empresa municipal y un empresario de la provincia de Granada. Los seis acusados deberán responder ante la Audiencia Provincial por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que durante esos años se produjeron actuaciones presuntamente contrarias a la legalidad en el funcionamiento de la empresa pública. Entre ellas, señala contrataciones de personal sin respetar los procedimientos reglados, adquisiciones de material sin seguir los requisitos establecidos por la normativa de contratación pública, pagos supuestamente injustificados e incrementos salariales que ahora forman parte de la investigación judicial.

El Ministerio Público considera que durante ese periodo fueron incorporados a la plantilla 28 operarios sin procesos selectivos que garantizaran los principios de igualdad, mérito y capacidad. Según la acusación, en algunos casos la selección se realizó mediante entrevistas o a través de ofertas dirigidas únicamente a residentes en Ronda, sin convocatorias abiertas ni bases reguladoras.

La Fiscalía también pone el foco en la compra de material para SOLIARSA sin que se hubiera seguido el procedimiento de contratación exigible a una sociedad pública. La investigación también se centra en la presunta operativa desarrollada por varios empleados de la empresa municipal junto a un empresario de Motril. La Fiscalía mantiene que se habrían emitido facturas correspondientes a material que no llegó a entregarse y que, para justificar esas operaciones, se habrían confeccionado documentos y albaranes de recepción presuntamente falsos. El perjuicio económico derivado de esta actuación ronda los 85.000 euros, según el escrito acusatorio.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para María de la Paz Fernández y Teresa Valdenebro una pena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación. La acusación las considera responsables de un delito continuado de fraude en concurso y otro de malversación de caudales públicos.

Para los tres trabajadores municipales investigados, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y diez años de inhabilitación por delitos continuados de falsedad en documento público, prevaricación y malversación. En el caso del empresario, la petición asciende también a seis años de prisión por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y fraude.