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La Fiscalía pide penas de hasta 10 años de prisión para Marín Lara por el caso Acinipo

El exalcalde Antonio María Marín Lara a su salida de los Juzgados de Ronda. // CharryTV

El exalcalde Antonio María Marín Lara a su salida de los Juzgados de Ronda. // CharryTV

En su escrito de calificación provisional también solicitan para el exalcalde 35 años de inhabilitación para empleo o cargo público

06 Nov 2018 - 19:37 // Charry TV Noticias

María José García

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga solicita penas de hasta diez años de prisión y 35 de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Ronda y portavoz de Alianza por Ronda, Antonio María Marín Lara, por el denominado caso Acinipo, por los delitos de falsedad, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, relacionados con la corrupción urbanística en Ronda.

Así se recoge en el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, que ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda y que el pasado mes de julio acordaba mantener la causa contra siete investigados, entre ellos Marín Lara, decretando el archivo respecto de otros cinco, que se sumaban a otra persona para la que ya se había sobreseído previamente el procedimiento.

El escrito del ministerio fiscal incluye penas de nueves meses de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exconcejal Francisco Cañestro, por un delito de tráfico de influencias. 

La Fiscalía pide por un delito de cohecho pasivo un año de prisión, multa de 45.000 euros y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público tanto para la concejal Josefa Valle, como para el exedil Rafael Lara.

Para el entonces secretario municipal, tres años de prisión, multa de doce meses a razón de cuotas de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de seis meses y dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de falsedad documental, y siete años de inhabilitación especial por prevaricación.

En el escrito se solicitan tres años de prisión, una multa de doce meses a razón de cuotas de diez euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de seis meses y dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de falsedad documental para un arquitecto municipal.

Además se recoge la pena de un año y seis meses de prisión, multa de cuatro meses a razón de cuotas de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año por un delito de falsedad documental para un promotor inmobiliario.

La causa se centra en el proceso para la construcción del centro comercial Eroski en la ciudad y los trámites realizados al respecto, como la enajenación presuntamente "irregular" del antiguo recinto ferial, las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.

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