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La alcaldesa de Ronda firma la orden de demolición de seis construcciones

Las edificaciones no se ajustan a la ordenación urbanística, según apuntaron fuentes del Consistorio. // CharryTV

Las edificaciones no se ajustan a la ordenación urbanística, según apuntaron fuentes del Consistorio. // CharryTV

Todas las edificaciones se ubican en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable con protección integral

28 Mar 2012 - 10:21 // Charry TV Noticias

La alcaldesa de Ronda, la popular María de la Paz Fernández, firmó en la mañana de ayer seis expedientes de restitución de la realidad física alterada en los parajes de la Hoya del Tajo, en base al artículo 52 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, Decreto 60/2010 de 16 de marzo.

El decreto ha sido firmado, según fuentes municipales, debido a que las seis edificaciones afectadas no se ajustan a la ordenación urbanística. Las edificaciones se encuentran situadas en unos parajes que cuentan con la catalogación PI-5, suelo no urbanizable de especial protección.

La regidora, en un escueto comunicado, ha informado que «desde el Ayuntamiento se velará porque se cumpla la disciplina urbanístisca dentro de todo el término municipal de la ciudad». Por el momento no han trascendido más datos y la alcaldesa, la popular María de la Paz Fernández y el delegado de Obras y Urbanismo, el andalucista Daniel Harillo, han rehusado realizar ningún tipo de declaración al respecto, por lo que se desconoce cuáles son las edificaciones que serán demolidas ni cuándo se procederá a su demolición.

Cabe recordar que no es la primera vez que se ordena una demolición en esta zona de la ciudad, ya que el anterior alcalde de Ronda, Antonio María Marín Lara, ya decretó a inicios de diciembre de 2009 un total de veintidós, cinco de ellas en este paraje, de las que únicamente se consumó una.

Precisamente, el proceso de construcción de algunas de estas edificaciones está siendo objeto de investigación en el caso ‘Acinipo’, donde se recogen dos casos en los que el Ayuntamiento de Ronda alcanzó un presunto acuerdo directo con propietarios de fincas situadas en la Hoya del Tajo, en las que se autorizó la ejecución de las obras correspondientes al colector sur por terrenos de su propiedad y a cambio de que el Ayuntamiento diese viabilidad a la ejecución de obras de diferentes tipos en sus terrenos.

Luego, el Consistorio inició una serie de procedimientos sancionadores contra esos propietarios por infracción urbanística, aunque la policía afirma que se desconoce si esas sanciones llegaron a abonarse al Negociado de Recaudación del Ayuntamiento.

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